lunes, 31 de julio de 2017

SALVEMOS GIBRALFARO

Imagen del diario Málaga Hoy

El Monte Gibralfaro, pese a ser uno de los emblemas de la ciudad y un auténtico pulmón verde en pleno centro urbano, está abandonado desde hace años lo que impide su disfrute. Pese a ello, el gobierno municipal sí contabiliza su superficie para el cómputo de metros cuadrados de zonas verdes por habitante en Málaga.

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro ha denunciado que el Ayuntamiento, con la excusa de realizar una poda de árboles “preventiva contra los incendios”, ha llevado a cabo agresivas talas de gran dureza.

Expertos y residentes en la zona han señalado que estas talas no deben realizarse nunca en esta época, ya que es la de nidificación de las aves insectívoras, y porque el metabolismo del bosque está en pleno apogeo. Asimismo, han lamentado que se haya depositado en el mismo monte el mantillo de la madera triturada, que si bien en otoño es abono, en esta época es combustible. Si la intención era luchar contra el fuego, por qué han dejado gran cantidad de material combustible.

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro considera que esta poda contradice el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, que preveía la creación de un gran parque de 634.000 metros cuadrados, pero que, salvo acciones puntuales, no se ha ejecutado.

El parque es mucho más que su vegetación, y el Plan prevé senderos, un corredor verde que lo conecta con monte Victoria, pequeños centros de interpretación, lugares de exposición arqueológica, zonas de juegos infantiles, carriles-bici, etc.

Por ello, en el último Pleno municipal, gracias a una moción de Málaga para la Gente, se aprobó por unanimidad impulsar la ejecución del Plan Especial de Gibralfaro para crear un gran parque en el Monte Gibralfaro y su entorno. También se aprobó por unanimidad una moción institucional, a instancias de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro, para que se apruebe un Plan Director, y un órgano rector, que establezca un diagnóstico sobre el Plan Especial de Protección y programe las actuaciones necesarias para su cumplimiento en los próximos años, con la dotación presupuestaria necesaria. Seguiremos pendientes para exigir su cumplimiento.

Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 24 de julio de 2017

Imagen del diario La Opinión de Málaga

viernes, 21 de julio de 2017

Saqueo Beach

Imagen sacada de lamejorplaya.es

En la playa de la Térmica de Málaga está camino de producirse el mayor saqueo de la Historia de nuestra ciudad.

Todo comenzó cuando en agosto de 2008, al calor de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo,  el Ayuntamiento de Málaga y una empresa testaferro de Endesa, firmaron el convenio urbanístico de la Térmica, gracias al cual esa gran empresa que cuenta con expresidentes del gobierno y exministros del PP y PSOE en sus consejos de administración, conseguía la recalificación en urbanizables de los terrenos industriales de la antigua central de la Térmica. Según el Estudio Económico y Financiero del PERI la Térmica, esta recalificación le generaría un beneficio neto por la venta de los aprovechamientos urbanísticos de 158.454.370 euros. A cambio, debería pagar al Ayuntamiento de Málaga 58 millones de euros.

Sin embargo, tras el estallido de la burbuja, la inmobiliaria de Endesa se negó a pagar los 58 millones comprometidos, y el alcalde aceptó rebajar esta cantidad hasta 40,6 millones de euros.

No queda ahí la cosa, pues en 2012, el Informe Técnico de Costas en el expediente de deslinde consideraba una amplia franja del suelo de Endesa, al sur de la Avenida Pacífico, como dominio público marítimo-terrestre, lo que supondría menos aprovechamientos urbanísticos y, por tanto, menos edificabilidad y beneficios (unos 21 millones de euros menos).

Curiosamente, ese expediente caducó, o se dejó caducar. Comenzándose en 2013 un nuevo expediente en el que, milagrosa e injustificadamente, sin haber cambiado nada, se consideran fuera del dominio público todos los terrenos de Endesa, y consiguientemente susceptibles de edificación futura.


De mantenerse la actual propuesta de deslinde, Endesa, con la colaboración necesaria de Costas y el Ayuntamiento, conseguiría unos beneficios totales de más de cien millones de euros, a costa de la playa de todos que será objeto de una nueva urbanización. Saqueo Beach, la podrían llamar.



Imagen del Diario Sur

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 10 de julio de 2017

viernes, 7 de julio de 2017

Los estibadores vencen, la clase obrera gana

Foto de Eldiario.es

Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  exigió a España la reforma de la estiba, el gobierno del PP demostró que su objetivo no era la estabilidad del sector. El Gobierno trató de aprobar un Real Decreto Ley sin apoyo alguno, ni de los sindicatos, ni de la patronal, ni del resto de grupos parlamentarios, recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.

Lejos de recibir el mensaje del Congreso, el Gobierno, con un modus operandi similar al utilizado para la aprobación de los presupuestos, se lanzó a la compra de votos a saldo, incluyendo los de la trama del “caso Palau”, para aprobar un nuevo Real Decreto.

El Real Decreto 8/2017 va mucho más allá de las exigencias del TJUE, y los trabajadores y trabajadoras han venido proponiendo soluciones posibles, algunas de las cuales llegaron a firmarse y acordarse con la patronal del sector.

Lo que realmente pretende el gobierno del PP es despedir progresivamente a los 6.200 estibadores de toda España, con un ERE encubierto y pagado con el dinero público, y sustituirlos con empleos precarizados. Para conseguir este objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de demonización de los estibadores ante la opinión pública, un colectivo que ha demostrado ser un ejemplo de lucha y solidaridad obrera en todo el mundo con el que el gobierno quiere acabar.

Sin embargo, las condiciones laborales de los estibadores no son fáciles. Una parte principal de su sueldo depende de la productividad, y según su convenio pueden ser avisados tan sólo una hora antes para desempeñar su jornada. Tampoco se habla de la alta siniestralidad en los puertos.

La ruptura de la paz social en los puertos sin razones objetivas para ello, un sector en máximos históricos, pues ello ha supuesto ya pérdidas de más de 150 millones de euros en todo el país. 

Tras casi cinco meses de conflicto desde que el Gobierno anunció su intención de liberalizar el sector de la estiba, los estibadores lograron romper la unidad de la patronal alcanzando acuerdos parciales con grandes compañías navieras a las que no le interesaba que la huelga continuara. Finalmente, la patronal tuvo que ceder y firmar un acuerdo que garantiza el mantenimiento del empleo y sustancialmente las condiciones de trabajo, desconvocándose los paros programados en los puertos. 

Con este acuerdo se pone en principio fin a un conflicto que se extendía ya más de cuatro meses desde que a comienzos de febrero el Gobierno, con la excusa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  emprendió la liberalización de la estiba.

La victoria de los estibadores supone no sólo un ejemplo de que con determinación y unidad se puede vencer las agresiones contra los trabajadores, que pretenden un retroceso en sus condiciones laborales, sino una victoria que repercute positivamente en el resto de la clase trabajadora. No en vano, para el gobierno del PP y la patronal, ganarle el pulso no era sólo un objetivo parcial, sino el primer objetivo de una serie de sectores en los que todavía se conservan algunos derechos laborales y un empleo mínimamente digno.


Por ello, han vencido los estibadores, pero ha ganado toda la clase obrera.