lunes, 22 de mayo de 2017

IGUALDAD ANTE LA LEY. TAMBIÉN PARA BANDERAS (*)




En los últimos días la renuncia de Antonio Banderas al proyecto del Astoria ha causado gran polémica en nuestra ciudad. Un artículo publicado en este periódico junto a la carta de Banderas, me culpa por ‘los insultos y trato humillante’ recibidos. Es absolutamente falso. No es mi estilo. Desde el principio critiqué la propuesta ganadora, y el propio concurso, pero jamás he insultado ni faltado al respeto al señor Banderas, al que por otra parte siempre he admirado como actor. Afortunadamente, todas mis declaraciones ante los medios de comunicación y en los órganos colegiados municipales están grabadas, y muchas de ellas subidas a Youtube. Pueden buscar y rebuscar, pero nadie encontrará ni un solo insulto o falta de respeto por mi parte.
El grupo municipal Málaga para la Gente se ha opuesto al proyecto respaldado por Banderas para el Astoria por no cumplir con la legalidad urbanística. Porque no es legal un proyecto que supera en tres plantas la edificabilidad máxima permitida en el PEPRI Centro, por lo que requeriría su modificación. Los proyectos concretos deben adecuarse a la norma general, no al revés, y la norma debe obligar a todos y todas por igual, incluido al señor Banderas.
Porque nos parece lesivo para las arcas públicas que la propuesta del señor Banderas reclame, para ser viable, una moratoria de diez años en el pago del canon al Ayuntamiento por la concesión de una parcela que nos ha costado 21 millones de euros. Y ello cuando su propio estudio de viabilidad económica prevé un beneficio de 31 millones de euros durante la concesión.
Además, a nuestro juicio, el uso planteado en el proyecto no satisface el interés general. No es lo que Málaga necesita, y merece, para la que es hoy ‘la mejor parcela de la ciudad’. Junto a un teatro de sólo 600 butacas (el cercano Teatro Cervantes tiene un aforo de más de 1.100 plazas), se prevé un centro comercial y gastronómico (a escasos metros del fracasado ‘supermercado gourmet’ del mercado de la Merced), una tienda Starlite, y otra de la propia firma de Banderas.
Que nadie se deje engañar, las verdaderas razones de la renuncia de Banderas no son las expresadas en su carta ni en el artículo que las acompaña, sino otras muy distintas.
Probablemente, a los promotores no les salgan las cuentas del proyecto. Es evidente que el pronunciamiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía respecto a que habría que reducir edificabilidad y aumentar la superficie destinada a uso cultural, junto a la decisión del Pleno de la ciudad de exigir que se aportaran avales y se pagara un canon justo, disminuía sensiblemente las expectativas de beneficios.
Lo cierto es que hasta la semana pasada, los promotores buscaban empresarios malagueños ‘potentes’ que participaran en la inversión necesaria para poder desarrollar su proyecto. Y es que, como explica el señor Banderas en su carta, él sólo pondría 250.000 euros anuales, y su nombre. Y probablemente Starlite, aún siendo una empresa de primer nivel, no estaba dispuesta a afrontar sola todo el riesgo de esa importante inversión en un proyecto poco claro. Parece que no lo consiguieron, o no le salían las cuentas, y decidieron retirarse ya hace días.
Y tomada esa decisión, deciden hacerlo jugando al victimismo, acusando a este portavoz y al grupo municipal Málaga para la Gente de insultos y trato humillante que nunca han existido. Se ha utilizado la fama y el cariño que en Málaga se le tiene a Banderas, para echarnos ‘la gente encima’ a quienes, legítimamente, hemos criticado ese proyecto.
Vaya por delante que Banderas tiene todo el derecho de defender sus propios intereses, que son legítimos siempre que cumplan la ley, pero debe respetar también que quienes somos representantes públicos tengamos el derecho, y la obligación, de criticar y exigir el cumplimiento de la legalidad a un proyecto que es público y que transformará un espacio de gran importancia en la ciudad.
Pero la retirada del proyecto de Banderas para el Astoria no supone el final. Sin duda, habrá otros proyectos, y mejores, para el Astoria. En toda esta historia, lo único que Málaga ha perdido para siempre son los 21 millones de euros que dilapidó el alcalde en la compra de un edificio que no los valía. Recordemos que ese suelo estaba calificado como equipamiento cultural, y el alcalde modificó su calificación a residencial. Después cambió de opinión y decidió comprarlo a su propietario para destinarlo a uso cultural. Y como consecuencia de su indecisión e improvisación, tuvo que comprarlo a un precio desorbitado propio de un destino para residencial de lujo, no de equipamiento cultural.
Lo que procede ahora es retomar lo que en su día decidió el Pleno. La ciudad ha ganado tiempo para realizar un verdadero concurso de ideas, del que salgan distintas propuestas de uso y arquitectónicas, y sobre las más valoradas, realizar una consulta ciudadana. En otras ciudades hay ejemplos de consultas en las que la ciudadanía ha decidido sobre distintas propuestas realizadas por arquitectos y urbanistas. Porque el urbanismo no es, ni será nunca, una mera cuestión técnica, sino que la decisión acerca de a qué se destina el suelo, y en beneficio de quién, es algo en lo que la ciudadanía puede y debe participar. La enorme importancia de este espacio para Málaga lo merece.
(*) Publicado en La Tribuna de diario SUR del viernes 19 de mayo de 2017

ASTORIA: UN NUEVO TIEMPO PARA LA CIUDADANÍA (*)

Imagen de El Confidencial
Desde hace días, se ha alentado una gran polémica en la ciudad por la “renuncia de Banderas” al Astoria. Decir, primero, que Banderas no “renuncia al Astoria”, como se ha dicho. Sencillamente, porque el Astoria no es de Banderas ni de nadie en particular, es de todos los malagueños y malagueñas.
Esa parcela, quizás es hoy la mejor de la ciudad, nos ha costado la friolera de 21 millones de euros, como consecuencia de la indecisión e improvisación del alcalde. Para hacernos una idea, casi la mitad de toda la inversión anual del Ayuntamiento.  
La retirada de Banderas y Seguí no supone el final. Al contrario, podemos y debemos retomar lo que en su día decidió el Pleno, y el PP no ha cumplido. A propuesta del entonces concejal Carlos Hernández Pezzi, el Pleno aprobó hacer un concurso de ideas y, a propuesta de Izquierda Unida, realizar una consulta ciudadana de entre las ideas más valoradas en ese concurso.  
La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, publicada por la UNESCO, entre otros documentos similares, establece que el “derecho a la ciudad” supone establecer los  instrumentos de participación para que la ciudadanía pueda decidir cómo disfrutar de los bienes y servicios públicos y transformar la ciudad misma, y que esos derechos de uso, goce y participación sean jurídicamente practicables y exigibles.
Para ejercer ese “derecho a la ciudad” la realización de consultas ciudadanas sobre los grandes temas que afectan al disfrute de la ciudad, como los proyectos urbanísticos que suponen decidir acerca de a qué, y en beneficio de quién, se destina el suelo público, es fundamental.
En otras ciudades (Madrid, Barcelona, Badalona, Sabadell, Valencia, A Coruña, Gijón, etc)  se han hecho consultas ciudadanas para decidir sobre distintas propuestas urbanísticas.
La importancia para Málaga de lo que se haga en el Astoria, merece una consulta ciudadana.
(*) Publicado en "El ala izquierda de La Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 22 de mayo de 2017
Imagen de La Opinión de Málaga

jueves, 11 de mayo de 2017

VIOLENCIA FASCISTA EN MÁLAGA



Hace poco más de dos semanas que un joven malagueño fue asesinado en el centro de Málaga cuando celebraba su 22 cumpleaños. Pablo recibió una brutal paliza de sus agresores, a los que no conocía, sólo por intentar mediar en una discusión con la noble intención de evitar una pelea.

Sus asesinos actuaron de una manera vil y cobarde, golpeándolo a traición y pateándolo en la cabeza cuando estaba ya en el suelo.

Pero sus agresores no eran, solamente, unos simples malhechores o malas personas, “mala gente que camina y va apestando la tierra”, que decía el poema de Antonio Machado. Los detenidos como presuntos autores de este crimen eran nazis, miembros de grupos fascistas, y no simples de hinchas de grupos ultras del fútbol, como mencionan los medios. Este dato, sin embargo, se ha silenciado en la mayoría de los medios de comunicación para no “politizar” este crimen.

El asesinato de Pablo no tuvo, como en otras ocasiones, una motivación política, homófoba o racista. A Pablo lo mataron porque sí, simplemente por cruzarse en el camino de estas bestias inmundas. No es que esto aumente la gravedad del crimen. Cualquier crimen de esta naturaleza, tenga la motivación que tenga, es absolutamente execrable. Pero demuestra que cualquier persona puede ser víctima de la violencia fascista.

En los últimos años, según ponen de manifiesto diversos informes oficiales y de organizaciones sociales contra la intolerancia, han aumentado en toda España, y también en Málaga, los delitos de odio ideológico, homófobo, racista, y xenófobo, realizados por miembros de grupos fascistas.

Por ello, desde Málaga para la Gente consideramos peligroso que se silencien los crímenes  de las bandas fascistas. De igual forma, exigimos tolerancia cero con cualquier conducta que aliente el odio ideológico, homófobico, o racial.

Es la seguridad de todas las personas de bien lo que está en juego. La próxima víctima puede ser cualquiera.



(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 8 de mayo de 2017


martes, 25 de abril de 2017

EL CENTRO INHABITABLE

Imagen tomada de http://torrevigiamalaga.blogspot.com.es/2014/06/recuperacion-del-centro-historico-de.html


Existe gran consenso entre los expertos en que los centros históricos basados exclusivamente en la sobre oferta hostelera y de apartamentos turísticos, están abocados al fracaso.

Como denunció el propio Observatorio Municipal de Medio Ambiente Urbano, la sobre ocupación por usos hosteleros, bancarios, de servicios y el aumento del precio de alquileres de viviendas y locales comerciales, son síntomas de una  especulación y especialización abusiva, que está expulsando a residentes y comercios tradicionales, y convirtiendo al Centro en un parque temático de la hostelería. En algo más veinte años, unos 20.000 residentes han sido expulsados.

Esta situación no es exclusiva de Málaga. En Barcelona, la enorme proliferación de alojamientos turísticos y bares en el centro y otros barrios, está provocando graves molestias y numerosas protestas vecinales.

En Málaga, la población residente ha empeorado drásticamente su calidad de vida por la pérdida de condiciones mínimas de habitabilidad, como comercios tradicionales de proximidad, accesos, aparcamientos, limpieza, y servicios y equipamientos, junto al aumento del ruido y de la ocupación de la vía pública.

Por si esto fuera poco, el lobby hostelero ya ha pedido que el centro histórico deje de considerarse zona residencial para convertirse en zona comercial. Es decir, que los residentes se marchen y desaparezcan las limitaciones de ruido y ocupación de vía pública, para campar, más aún, “a sus anchas”.

Mientras tanto, el gobierno municipal, en vez de actuar para corregir los actuales problemas, desarrolla una política errática y servil con el lobby hostelero, facilitando la ocupación ilimitada de usos turísticos y la “ley de la selva”.

Ante esta situación, es imprescindible y urgente limitar las licencias de establecimientos hosteleros, usos terciarios y alojamientos turísticos en las zonas más saturadas, para reequilibrar y prevenir molestias a residentes. También impulsar proyectos de rehabilitación, y de equipamientos públicos (guarderías, centros de mayores, parques infantiles, etc), para hacer un centro  más habitable y vivo.


Imagen tomada de Diario Sur

viernes, 21 de abril de 2017

¿Una generación perdida?

Imagen del video "La sorpresa, dedicado a los que están lejos" de www.youmaykiss.tv

Desde el año 2010 España ha reducido unos casi 3.000 millones de euros su inversión en I+D, y se ha producido un éxodo de más de 10.000 investigadores han tenido que abandonar el país, con nefastas consecuencias para la consolidación de sus carreras y proyectos de futuro.

El ingente esfuerzo público para formar a este capital humano se ha regalado a países vecinos que sí le garantizaba condiciones de trabajo dignas en sus programas de investigación.

Se ha perdido toda una generación con niveles de formación y experiencia profesional de gran prestigio internacional, y ello a pesar de la elevada eficiencia de nuestra producción científica y tecnológica, superior incluso a la de los países del G-8.

Los recortes han supuesto una grave descapitalización humana, logística y de infraestructuras en nuestro sistema de I+D. Se han cerrado laboratorios e infraestructuras científicas costosísimas que costará millones recuperar.

Estos miles de jóvenes investigadores no emigraron por su espíritu aventurero, como dijo un ministro del PP, sino porque en nuestro país estaban condenados al desempleo o a trabajar con un salario mísero y encadenando contratos temporales.

Es urgente revertir este panorama y el Ayuntamiento no puede permanecer de espaldas ante un problema que afecta a miles de jóvenes malagueños. De nada vale que al Alcalde se “le llene la boca” con el discurso de la “Smart City”, mientras se condena a los investigadores malagueños a servir hamburguesas por un sueldo miserable.

Por ello, en el último pleno, a propuesta de nuestro grupo municipal, se aprobó por unanimidad elaborar un censo de jóvenes investigadores malagueños emigrados, e instar a los grupos parlamentarios del Congreso a alcanzar un Pacto por la Ciencia que sitúe la investigación, el desarrollo y la innovación como prioridades políticas y sociales para un nuevo modelo económico del conocimiento, que asegure salarios y condiciones laborales dignas.


(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del lunes 3 de abril de 2017

Imagen de primerasnoticias.com

sábado, 15 de abril de 2017

MÁLAGA, ¿LA MUY HOSPITALARIA?


* Imagen obtenida de periodismohumano.com

El ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció hace días la intención del Gobierno de crear tres nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs), uno de ellos en Málaga.

Durante muchos años, Izquierda Unida luchó, junto con colectivos que trabajan con personas migrantes y refugiadas, para cerrar unos centros donde, en contra de un principio elemental del Derecho, se privaba de la libertad a personas que no habían cometido ningún delito, que únicamente habían salido de su país huyendo de la muerte, del hambre y la miseria.

Durante más de dos décadas, las denuncias y quejas de muchas instituciones (desde los Defensores del Pueblo de Andalucía y de España, la Fiscalía, entidades sociales y hasta el propio Ayuntamiento de Málaga) fueron constantes debido a la falta de respeto a los derechos humanos, los abusos, y las deplorables condiciones del CIE de Capuchinos.

En junio de 2012 se procedió al cierre del CIE de Capuchinos, acabando con 22 años de historias de sufrimiento innecesario de las miles de personas que pasaron por estas instalaciones desde su apertura en 1990 (según datos del Ministerio del Interior, solamente entre 2004 y 2009  más de 17.000 personas).

En febrero de 2015, el Pleno municipal, a propuesta de IU, manifestó unánimemente su negativa a que se instalara en el municipio un nuevo centro para privar de libertad a personas migrantes simplemente por su situación administrativa.

La semana pasada, el Consejo Sectorial de Derechos Sociales, Voluntariado en Inmigración, a propuesta de Málaga para la Gente, acordó incluir en el Plan Transversal por la Convivencia el rechazo expreso a la construcción de un nuevo CIE en nuestra ciudad.


El cierre del CIE de Málaga, la “muy hospitalaria” como reza su escudo, fue un éxito celebrado por la sociedad e instituciones malagueñas. Pero no para cerrarlo y abrir otro nuevo.

** Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el 10 de abril de 2017

lunes, 27 de marzo de 2017

HÉROES Y VILLANOS *

Imagen sacada del video "Bomberos en acción!!!" en youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JAgfX29pGOk

El conflicto que mantienen los bomberos de la ciudad de Málaga con el gobierno municipal es una historia en la que hay héroes y villanos.

Los agentes del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga gozan de la confianza y el reconocimiento unánime de la ciudadanía malagueña.

La ciudadanía sabe que son las personas en las que confiamos nuestra seguridad en situaciones de emergencia. Que si hay un incendio, una inundación, o cualquier otra situación de peligro para nuestra seguridad, los bomberos pondrán en riesgo sus propias vidas para salvar las nuestras, y esto aún estando en huelga. Una huelga, por cierto, en demanda no de mejoras económicas o personales propias, sino de mejoras del servicio público y esencial que prestan, que en muchos casos pueden suponer llegar a tiempo y con los mejores equipos para salvar vidas. Nuestras vidas.

La ciudadanía sabe también que, honrosamente, se han negado a colaborar en los desahucios de familias de sus casas, porque ellos están para salvar a las personas. Para salvar a los bancos, con el dinero de todas y todos, ya están nuestros gobernantes.

Mientras, el gobierno municipal del PP recorta en inversiones en sus instalaciones, vehículos, plantillas y equipos. En definitiva, recorta en nuestra seguridad. Y, para colmo, se niega a negociar con los bomberos sus justas reclamaciones.

La gestión de este conflicto por parte del gobierno municipal resulta incomprensible. El alcalde se inhibe, el concejal de Seguridad es desautorizado por los propios cargos de confianza municipales. Pareciera que la dirección provincial del PP mueve sus hilos en el Ayuntamiento para llevar al Alcalde a un callejón sin salida con el objetivo de forzar su sustitución.

Resulta evidente que, en esta historia, los bomberos de Málaga son los héroes y el gobierno municipal del PP son los villanos.

* Publicada en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga del lunes 27 de marzo de 2017

Imagen de "El Confidencial"



miércoles, 22 de febrero de 2017

DERECHO UNA MUERTE DIGNA


El “derecho a una muerte digna” es el derecho de las personas a que, en circunstancias en las que la vida pierde irreversiblemente su calidad y dignidad como consecuencia de la degeneración física o de grave sufrimiento, puedan ejercer su voluntad de morir pacíficamente y sin sufrimientos. 

En España no existe legislación estatal sobre el derecho a una muerte digna, y ello a pesar de que, como manifiestan diversos estudios, la sociedad española muestra un apoyo creciente, de más de un 80 por ciento actualmente, a la regulación de este derecho.

Ante la falta de legislación estatal, muchos ayuntamientos, de acuerdo con las asociaciones defensoras del derecho a morir dignamente, han puesto en marcha un Registro Municipal de Testamentos Vitales para que cualquier persona, con plena capacidad de obrar, pueda dejar constancia de su deseo de que no se le mantenga artificialmente con vida en caso de enfermedad irreversible que la mantenga inconsciente. Pero estas iniciativas tienen una eficacia limitada.

Recientemente, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha propuesto  despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. El fin es que toda persona, con plena capacidad de obrar, que sufra una enfermedad irreversible, o con padecimientos físicos o psíquicos que considere insoportables, pueda recibir ayuda médica para poner fin a su vida y evitar una imposición de vivir penosamente en contra de sus deseos y convicciones íntimas. En 2012 el grupo de la Izquierda Plural ya presentó una iniciativa semejante que fue tumbado por la mayoría absoluta del PP.


En definitiva, el derecho a morir dignamente, o derecho a una buena muerte, es la otra cara del primer derecho humano, el derecho a vivir, pues supone la defensa de una vida digna hasta el final. Y es que el derecho a vivir no puede confundirse con un deber de vivir en cualquier circunstancia.

sábado, 11 de febrero de 2017

EL GUERNICA MALAGUEÑO

Tal y como está documentado por los historiadores, en enero de 1937, se encontraban refugiadas en Málaga capital unas ochenta mil personas civiles que venían huyendo de las fuerzas militares insurgentes. Estos refugiados procedían tanto de las provincias limítrofes de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, como de las zonas ocupadas por las tropas rebeldes en la provincia malagueña.

A partir del 7 de febrero de ese año se produjo la ruptura del frente malagueño y el avance de las fuerzas franquistas sobre la capital, provocando el éxodo masivo de unas trescientas mil personas civiles indefensas, entre ellas numerosas mujeres, ancianos y niños, que tomaron la carretera de Almería en dirección a esta ciudad.

A lo largo de toda una semana, esta población civil aterrorizada, sin alimentos ni cobijo, ni atención médica, avanzó penosamente por dicha carretera bajo el bombardeo y ametrallamiento sistemáticos, por tierra, mar y aire, por parte de las fuerzas franquistas y sus aliados fascistas italianos y nazis alemanes. Todo ello bajo el mando directo del general Queipo de Llano, que ordenó esta masacre.

Se cumplen ahora ochenta años de esta cruel masacre, pero según el Derecho Internacional estos actos constituyen crímenes contra la humanidad y no prescriben nunca.
En todos los países de Europa, liberada del nazi-fascismo tras la Segunda Guerra Mundial, existió un reconocimiento público a las víctimas de los crímenes de guerra y contra la humanidad, y se erradicaron los vestigios jurídicos, institucionales y monumentales de la barbarie fascista.

En España, cuarenta años después de la llegada de la “democracia”, masacres como la de Málaga siguen en el olvido. Somos el país de Europa con más cadáveres en fosas comunes, la mayoría aún sin identificar. Mientras, los restos mortales del responsable de aquella masacre, reposan actualmente, con todos los honores y bendición eclesiástica, en la basílica de la Macarena de Sevilla.



martes, 24 de enero de 2017

CRIMINALES DESPIADADOS

Viñeta del humorista Sergi Mo

La semana pasada, coincidiendo con la durísima ola de frío, el precio de la luz alcanzó máximos históricos en España. Ante esta situación, al ministro de Energía, sólo se le ocurrió encomendarse “a la suerte” para que baje el precio de la electricidad.

Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, el 11% de los hogares españoles, es decir, más de cinco millones de personas, no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. Este estudio también pone de manifiesto cómo la imposibilidad de habitar en una vivienda a una temperatura adecuada perjudica la salud y acorta la esperanza de vida. De esta forma, las situaciones de pobreza energética podrían estar ocasionando casi un tercio de las muertes adicionales en invierno, respecto a otras épocas del año, es decir, más de 7.000 fallecimientos.

Hasta 1997, el Gobierno establecía el precio de la electricidad. Ese año el primer gobierno de Aznar perpetró la “liberalización” del sector eléctrico prometiendo que la “libre competencia” abarataría el precio de la electricidad. Hoy resulta evidente que la consecuencia ha sido la contraria: en veinte años el precio de la luz se ha multiplicado por cuatro. España es hoy el país de la Unión Europea con los precios de la electricidad más caros, después de Malta y Chipre.

Pero no todo el mundo ha resultado perjudicado por la “liberalización” del sector. Durante los años de la crisis, sólo las tres grandes compañías eléctricas han obtenido más de 60.000 millones de euros de beneficios, casi tanto como la cifra del gasto público anual en sanidad en España (68.000 millones). Por otro lado, la lista de ex presidentes y ex ministros, tanto del PSOE como del PP, “fichados” por las eléctricas, con sueldos astronómicos, no ha hecho más que crecer, entre ellos Felipe González y el propio Aznar. 

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario VivaMálaga del lunes 23 de enero de 2016)

lunes, 9 de enero de 2017

Por nuestra seguridad



Los agentes del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga gozan de la confianza y reconocimiento unánime de la ciudadanía malagueña. No en vano son las personas en las que confiamos nuestra seguridad en situaciones de emergencia. Y desempeñan esta función trabajando muy duro y en condiciones extremas para poder salvar vidas humanas.

Desde hace más de diez días, los bomberos de nuestra ciudad se encuentran encerrados en el Parque de Bomberos de Martiricos en protesta por las condiciones laborales y la gestión del servicio por los responsables municipal. El encierro comenzó, de forma espontánea, el jueves 29 de diciembre pasado, y mantiene desde entonces un seguimiento muy mayoritario.

La reclamaciones de los bomberos son cuestiones muy básicas y razonables. Por una parte, reclaman un Reglamento nuevo ya que el anterior data de 1959. Reclaman, además, que se regularice su jornada laboral, la mayor de todos los bomberos de España. Y que lleve a cabo su reclasificación profesional de acuerdo a lo que establece la Ley de Emergencia de Andalucía, y ya han hecho la mayoría de municipios andaluces

Además, los bomberos de Málaga reclaman desde hace tiempo una mejor gestión por parte de los responsables municipales, la renovación de unos equipos en muchos casos obsoletos, y el mantenimiento adecuado de instalaciones y vehículos de los que va a depender la eficacia de su actuación en situaciones límite para la vida.

No son las de los bomberos malagueños reclamaciones de mejoras económicas o personales propias, sino mejoras del servicio público y esencial que prestan, que en muchos casos pueden suponer el llegar a tiempo y con los mejores equipos para salvar una o varias vidas humanas.


Desde Málaga para la Gente apoyamos a los bomberos de Málaga en sus reclamaciones y esperamos que el Alcalde y el equipo de gobierno municipal accedan a unas reclamaciones que redundan en nuestra seguridad. 

(Publicado en mi columna "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga del lunes 9 de enero de 2016)