miércoles, 11 de octubre de 2017

La precariedad laboral mata

Imagen de kaosenlared.net

La siniestralidad laboral, y el número muertes en el trabajo, se han disparado en toda España y también en la provincia de Málaga, como recientemente han denunciado los sindicatos UGT y CCOO.

En lo que llevamos de año, en la provincia de Málaga, la media ronda los 53 accidentes laborales diarios, y han fallecido 17 trabajadores en el tajo, la misma cifra que en todo 2016. Las nefastas políticas del PP de precarización del mercado laboral agravan esta lacra.

Un análisis detallado de estos accidentes pone de manifiesto: que la mayoría siguen produciéndose en el sector de la construcción, en el que las víctimas mortales se han incrementado este año un 48%; y una incidencia muchísimo mayor en pequeñas y medianas empresas subcontratadas y en trabajadores con condiciones laborales precarias. Además, como señalan los expertos en seguridad y salud laboral, la mayoría de los accidentes laborales que se producen son “fácilmente evitables” con más prevención y medidas de seguridad adecuadas en los centros de trabajo. Es necesaria una mayor implicación de las distintas administraciones públicas y de las propias empresas en el cumplimiento de las medidas de prevención.

Los datos ponen de manifiesto que la seguridad y salud en el trabajo es incompatible con condiciones laborales cada vez más precarias, que hacen que el trabajo sea inseguro y con menos medidas de seguridad. Y ello en un contexto donde, más allá de la propaganda sobre una salida de la crisis que no se manifiesta en la vida real, lo cierto es que esa supuesta salida se está fundamentando en la explotación y el abuso al que se enfrentan millones de trabajadores de este país de manera cotidiana.

Frente al empleo precario, hoy resulta imprescindible reivindicar trabajo decente. No sólo la calidad de vida de los trabajadores está en juego, sino también muchas vidas.

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 9 de octubre de 2017

viernes, 29 de septiembre de 2017

CONVENIOS URBANÍSTICOS: NI SE HA HECHO CIUDAD, NI SE HA HECHO CAJA



En las últimas dos décadas, y al calor de la burbuja inmobiliaria y la época del "pelotazo", el gobierno municipal del PP firmó una serie de convenios urbanísticos con grandes promotoras, algunas de ellas propiedad de entidades bancarias o grandes compañías eléctricas como ENDESA, que cuando gana, ganan y, cuando pierde, perdemos todos.

Dichos convenios urbanísticos alteraban el planeamiento urbanístico y se firmaron con el único criterio de hacer caja, no para mejorar la ciudad dotándola de las zonas verdes y los equipamientos necesarios. Con dichos conveniosel Ayuntamiento preveía ingresar más de 220 millones en las arcas municipales.

Ha de tenerse en cuenta que los convenios deben ser, de acuerdo a la ley, una excepción en la norma urbanística, pero el equipo de gobierno del PP los ha convertido en la regla que ha determinado su política urbanística, siempre con el criterio de satisfacer los intereses de las grandes promotoras y nunca los de la ciudadanía.

Sin embargo, en la actualidad podemos afirmar que la política de convenios urbanísticos desarrollada por el PP ha sido un rotundo fracaso, y no ha servido ni para “hacer caja”: el Ayuntamiento ha dejado de cobrar unos 180 millones de euros de estos convenios urbanísticos del pelotazo (Repsol, La Térmica, Sánchez Blanca, Hoyo Espartero o Martiricos). Estas cantidades han sido “perdonadas” por el gobierno municipal del PP a las empresas promotoras firmantes de estos convenios, casi siempre propiedad de entidades bancarias o grandes eléctricas.

La misma semana pasada conocimos, una vez más a través de los medios de comunicación, que en el convenio urbanístico de Sánchez Blanca, por el que está prevista la construcción de 3.400 viviendas en la zona de la antigua fábrica de Intelhorce, el alcalde “está negociando” perdonar 14 millones de euros a GIA, inmobiliaria vinculada a Unicaja.

De esta forma, el modelo urbanístico especulativo y la mala gestión del PP ha provocado que ni se ha hecho ciudad, ni hay dinero en las arcas públicas.

Y todo esto ocurre con total opacidad, ya el equipo de gobierno oculta a la ciudadanía el desarrollo y ejecución de los convenios, como el cumplimiento de las obligaciones económicas y la ejecución o no de las obras pactadas.

Por ello, el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente presentamos una moción a la comisión de Urbanismo de este mes de septiembre, reclamando que se arbitre un mecanismo para hacer un seguimiento, con la máxima transparencia, del desarrollo de los convenios urbanísticos incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

La moción fue aprobada, por lo que sólo resta que el Pleno de este jueves ratifique el acuerdo y, sobre todo, que el equipo de gobierno del PP la cumpla. Así conseguiríamos que, al menos, la ciudadanía pueda conocer los pormenores en cuanto al cumplimiento de los convenios urbanísticos firmados por el Ayuntamiento.


(*) Publicado en malagactualidad.es, el martes 26 de septiembre de 2017

lunes, 25 de septiembre de 2017

¿Otro canon sobre la tarifa del agua?

Fotografía de La Opinión de Málaga

La Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) es una empresa municipal pública rentable pero arrastra desde hace años un enorme endeudamiento generado artificialmente para financiar los derroches del equipo de gobierno a través de varias operaciones de ingeniería financiera.

En 1994, con gobierno municipal del PSOE, el Ayuntamiento cobró a EMASA 42 millones de euros como contraprestación por la concesión de las redes de saneamiento.

En 2006, ya con gobierno municipal del PP, el Ayuntamiento le cobró a EMASA 52 millones de euros en concepto de cesión de las infraestructuras de depuración. Y en 2009, volvió a cobrarle a EMASA 75 millones de euros por la concesión de las redes de suministro de agua.

En total, EMASA ha tenido que endeudarse por 169 millones de euros para pagar estas operaciones para financiar al Ayuntamiento.Y el pago de esos préstamos se ha ido repercutiendo en la tarifa que pagamos entre todas y todos durante estos años.

Y lo más grave, esos 169 millones de euros no se invirtieron en infraestructuras hidráulicas que resultaban imprescindibles y urgentes en nuestra ciudad, sino que el Partido Popular los derrochó en fiascos como el “Museo de las Gemas”, su extensa nómina de cargos de confianza y otras políticas clientelares que le aseguraran su reelección.

Resultado de todo esto es la actual situación: una urbe con unas infraestructuras hidráulicas atrasadas y deterioradas, propias de una ciudad tercermundista, yuna empresa del agua súper endeudada.

Y ahora el alcalde plantea la necesidad  de gravar con un nuevo canon la tarifa del agua para financiar la necesidad urgente de invertir 130 millones de euros en obras de abastecimiento, saneamiento y depuración.

En resumen, el alcalde quiere que la ciudadanía vuelva a pagar sus derroches millonarios y su nefasta gestión. Y desde Málaga para la Gente no lo vamos a permitir, por lo que abogamos, si es necesario por una amplia movilización ciudadana que aúne partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y de consumidores, como la que en su día echó abajo el tarifazo sobre el agua del partido popular.

(*) Publicado en "El ala izquierda de la Casona", del diario Viva Málaga el lunes 25 de septiembre de 2017




martes, 19 de septiembre de 2017

La chapuza del Benítez

Foto de Diario Sur

El que iba a ser uno de los proyectos estrellas del alcalde Francisco de la Torre, el Parque del Campamento Benítez,  (“similar al parque de la Batería en Torremolinos o al Parque de la Paloma en Benalmádena”, el “Central Park” del sur de España, llegó a decir), ha terminado convirtiéndose en otro gran fiasco.

Tras derrochar un millón de euros, el Parque del Benítez es una gran chapuza. El afán electoralista y las prisas por presentar como cumplida al menos una de las grandes promesas de las últimas elecciones, impulsó al alcalde a abrir el Benítez sin las mínimas condiciones de uso y seguridad. Tan sólo se han puesto una veintena de mesas, unas pocas papeleras, se ha desbrozado una pequeña parte y se ha vallado la laguna en desuso que nunca se debió construir.

A excepción de la zona de pinos donde están las mesas, la situación del Benítez es un desastre por su mal estado: no hay ni fuentes, ni baños públicos, ni vigilancia. Existen grandes desniveles, escombros e incluso hierros al descubierto. Y lo que iba a ser un lago artificial, hasta que Aviación Civil lo prohibió, aún permanece allí sin que los responsables municipales sepan qué hacer en ese espacio central.

Por otro lado, la conocida entrada original del campamento Benítez por la N-340, que se encuentra justo al lado un paso a nivel para peatones, y una parada del bus público, permanece cerrada. Y la puerta lateral habilitada es prácticamente inaccesible para peatones, que deben cruzar varias vías sin ningún paso, y el conjunto es totalmente inaccesible para personas con movilidad reducida, pues los caminos  interiores están intransitables.

Málaga para la Gente va a insistir en que se dote al Parque de los equipamientos  necesarios, como puntos de agua, servicios, y sobre todo accesibilidad y seguridad, para que sea un verdadero parque disfrutable por todas las personas.

(*) Publicado en "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 18 de septiembre de 2017

Foto de La Opinión de Málaga



lunes, 31 de julio de 2017

SALVEMOS GIBRALFARO

Imagen del diario Málaga Hoy

El Monte Gibralfaro, pese a ser uno de los emblemas de la ciudad y un auténtico pulmón verde en pleno centro urbano, está abandonado desde hace años lo que impide su disfrute. Pese a ello, el gobierno municipal sí contabiliza su superficie para el cómputo de metros cuadrados de zonas verdes por habitante en Málaga.

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro ha denunciado que el Ayuntamiento, con la excusa de realizar una poda de árboles “preventiva contra los incendios”, ha llevado a cabo agresivas talas de gran dureza.

Expertos y residentes en la zona han señalado que estas talas no deben realizarse nunca en esta época, ya que es la de nidificación de las aves insectívoras, y porque el metabolismo del bosque está en pleno apogeo. Asimismo, han lamentado que se haya depositado en el mismo monte el mantillo de la madera triturada, que si bien en otoño es abono, en esta época es combustible. Si la intención era luchar contra el fuego, por qué han dejado gran cantidad de material combustible.

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro considera que esta poda contradice el Plan Especial de Protección del Monte Gibralfaro, que preveía la creación de un gran parque de 634.000 metros cuadrados, pero que, salvo acciones puntuales, no se ha ejecutado.

El parque es mucho más que su vegetación, y el Plan prevé senderos, un corredor verde que lo conecta con monte Victoria, pequeños centros de interpretación, lugares de exposición arqueológica, zonas de juegos infantiles, carriles-bici, etc.

Por ello, en el último Pleno municipal, gracias a una moción de Málaga para la Gente, se aprobó por unanimidad impulsar la ejecución del Plan Especial de Gibralfaro para crear un gran parque en el Monte Gibralfaro y su entorno. También se aprobó por unanimidad una moción institucional, a instancias de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Monte Gibralfaro, para que se apruebe un Plan Director, y un órgano rector, que establezca un diagnóstico sobre el Plan Especial de Protección y programe las actuaciones necesarias para su cumplimiento en los próximos años, con la dotación presupuestaria necesaria. Seguiremos pendientes para exigir su cumplimiento.

Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 24 de julio de 2017

Imagen del diario La Opinión de Málaga

viernes, 21 de julio de 2017

Saqueo Beach

Imagen sacada de lamejorplaya.es

En la playa de la Térmica de Málaga está camino de producirse el mayor saqueo de la Historia de nuestra ciudad.

Todo comenzó cuando en agosto de 2008, al calor de la burbuja inmobiliaria y el pelotazo,  el Ayuntamiento de Málaga y una empresa testaferro de Endesa, firmaron el convenio urbanístico de la Térmica, gracias al cual esa gran empresa que cuenta con expresidentes del gobierno y exministros del PP y PSOE en sus consejos de administración, conseguía la recalificación en urbanizables de los terrenos industriales de la antigua central de la Térmica. Según el Estudio Económico y Financiero del PERI la Térmica, esta recalificación le generaría un beneficio neto por la venta de los aprovechamientos urbanísticos de 158.454.370 euros. A cambio, debería pagar al Ayuntamiento de Málaga 58 millones de euros.

Sin embargo, tras el estallido de la burbuja, la inmobiliaria de Endesa se negó a pagar los 58 millones comprometidos, y el alcalde aceptó rebajar esta cantidad hasta 40,6 millones de euros.

No queda ahí la cosa, pues en 2012, el Informe Técnico de Costas en el expediente de deslinde consideraba una amplia franja del suelo de Endesa, al sur de la Avenida Pacífico, como dominio público marítimo-terrestre, lo que supondría menos aprovechamientos urbanísticos y, por tanto, menos edificabilidad y beneficios (unos 21 millones de euros menos).

Curiosamente, ese expediente caducó, o se dejó caducar. Comenzándose en 2013 un nuevo expediente en el que, milagrosa e injustificadamente, sin haber cambiado nada, se consideran fuera del dominio público todos los terrenos de Endesa, y consiguientemente susceptibles de edificación futura.


De mantenerse la actual propuesta de deslinde, Endesa, con la colaboración necesaria de Costas y el Ayuntamiento, conseguiría unos beneficios totales de más de cien millones de euros, a costa de la playa de todos que será objeto de una nueva urbanización. Saqueo Beach, la podrían llamar.



Imagen del Diario Sur

(*) Publicado en la columna "El ala izquierda de la Casona" del diario Viva Málaga, el lunes 10 de julio de 2017

viernes, 7 de julio de 2017

Los estibadores vencen, la clase obrera gana

Foto de Eldiario.es

Desde que el 11 de diciembre de 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea  exigió a España la reforma de la estiba, el gobierno del PP demostró que su objetivo no era la estabilidad del sector. El Gobierno trató de aprobar un Real Decreto Ley sin apoyo alguno, ni de los sindicatos, ni de la patronal, ni del resto de grupos parlamentarios, recibiendo el primer gran varapalo de la legislatura.

Lejos de recibir el mensaje del Congreso, el Gobierno, con un modus operandi similar al utilizado para la aprobación de los presupuestos, se lanzó a la compra de votos a saldo, incluyendo los de la trama del “caso Palau”, para aprobar un nuevo Real Decreto.

El Real Decreto 8/2017 va mucho más allá de las exigencias del TJUE, y los trabajadores y trabajadoras han venido proponiendo soluciones posibles, algunas de las cuales llegaron a firmarse y acordarse con la patronal del sector.

Lo que realmente pretende el gobierno del PP es despedir progresivamente a los 6.200 estibadores de toda España, con un ERE encubierto y pagado con el dinero público, y sustituirlos con empleos precarizados. Para conseguir este objetivo, se ha puesto en marcha una campaña de demonización de los estibadores ante la opinión pública, un colectivo que ha demostrado ser un ejemplo de lucha y solidaridad obrera en todo el mundo con el que el gobierno quiere acabar.

Sin embargo, las condiciones laborales de los estibadores no son fáciles. Una parte principal de su sueldo depende de la productividad, y según su convenio pueden ser avisados tan sólo una hora antes para desempeñar su jornada. Tampoco se habla de la alta siniestralidad en los puertos.

La ruptura de la paz social en los puertos sin razones objetivas para ello, un sector en máximos históricos, pues ello ha supuesto ya pérdidas de más de 150 millones de euros en todo el país. 

Tras casi cinco meses de conflicto desde que el Gobierno anunció su intención de liberalizar el sector de la estiba, los estibadores lograron romper la unidad de la patronal alcanzando acuerdos parciales con grandes compañías navieras a las que no le interesaba que la huelga continuara. Finalmente, la patronal tuvo que ceder y firmar un acuerdo que garantiza el mantenimiento del empleo y sustancialmente las condiciones de trabajo, desconvocándose los paros programados en los puertos. 

Con este acuerdo se pone en principio fin a un conflicto que se extendía ya más de cuatro meses desde que a comienzos de febrero el Gobierno, con la excusa de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,  emprendió la liberalización de la estiba.

La victoria de los estibadores supone no sólo un ejemplo de que con determinación y unidad se puede vencer las agresiones contra los trabajadores, que pretenden un retroceso en sus condiciones laborales, sino una victoria que repercute positivamente en el resto de la clase trabajadora. No en vano, para el gobierno del PP y la patronal, ganarle el pulso no era sólo un objetivo parcial, sino el primer objetivo de una serie de sectores en los que todavía se conservan algunos derechos laborales y un empleo mínimamente digno.


Por ello, han vencido los estibadores, pero ha ganado toda la clase obrera.